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¿Qué es el delito de insolvencia?
El delito de insolvencia se regula en el artículo 159 del código penal y se introdujo con la reforma del año 2015. Anteriormente, se requería una declaración de concurso de acreedores para cometer el delito, pero ahora también se puede cometer si se deja de cumplir regularmente las obligaciones con respecto a los acreedores, sin necesidad de que se declare el concurso. Incluso estando en una situación de insolvencia inminente, se pueden realizar conductas que constituyan el delito. Este delito se puede perseguir antes de que concluya el proceso concursal.
¿Cuáles son las conductas que constituyen el delito de insolvencia?
El artículo 159 establece 9 conductas que se consideran delito de insolvencia. Algunas de estas conductas incluyen ocultar, destruir o simular bienes patrimoniales, realizar actos de disposición sin justificación económica, participar en negocios especulativos sin base económica, entre otras. Estas conductas pueden llevar a la insolvencia y tener consecuencias penales.
¿Qué agravantes existen para el delito de insolvencia?
El artículo 159 bis establece agravantes para el delito de insolvencia, como afectar a una generalidad de personas o colocar en grave situación económica a los acreedores. Se considera agravante si el prejuicio económico supera los 600 mil euros para todos los acreedores, y si al menos la mitad de los créditos se deben a hacienda o a la seguridad social. Estas agravantes buscan proteger el patrimonio público y garantizar la igualdad de trato entre los acreedores.
¿En qué consiste el delito de favorecer a algunos acreedores?
El artículo 260 del código penal tipifica el delito de favorecer a algunos acreedores, lo cual va en contra del principio de par conditio creditorum. Este principio establece que todos los acreedores deben cobrar al mismo tiempo, sin favorecer a unos sobre otros. Se castiga favorecer a ciertos acreedores con disposiciones patrimoniales antes de la admisión de la solicitud del concurso, y la pena es mayor si se realiza después de dicha admisión. Este delito busca garantizar la igualdad de trato entre los acreedores en los procesos concursales.
